TRES RAZONES INICIALES PARA PROTESTAR

Los estudiantes universitarios del país y, en concreto, de la Universidad del Tolima durante las últimas semanas se han manifestado en varias ocasiones en contra de un proyecto de reforma a la Ley 30 impulsado por el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿Cuáles son las razones por las que lo hacen? ¿Qué plantea esa reforma?

Los siguientes apuntes procuran resolver esto y especificar sólo tres razones por la cuales los universitarios están es desacuerdo con tal inactiva.

1. La educación superior seguirá siendo un servicio

La reforma a la Ley 30 planteada por el gobierno sigue el lineamiento trazado desde 1992: la educación superior seguirá siendo un servicio público. Y en tanto servicio público, la educación será garantizada directamente por el Estado o por medio de instituciones educativas privadas. Para esto, el Estado financiará a unos, particularmente a los mas desfavorecidos, y garantizará que otros, específicamente quienes tienen forma de pagar, puedan acceder a la educación.

En este sentido, la reforma mantendrá la división entre lo público y lo privado. División que tiene por objeto seguir desprendiendo al Estado de su responsabilidad social e involucrar a otros (entidades privadas) para que suplan su función y cobren por ella.

2. La reforma promueve la autofinanciación de las universidades

La experiencia derivada de la puesta en marcha de la Ley 30 de 1992 demostró que la autofinanciación fue la tabla de salvación de muchas universidades para garantizar su existencia. La ausencia de unos aportes significativos por parte de la nación condujo a que las instituciones universitarias, durante los últimos 15 años, cobraran y elevaran los costos de las matriculas e inscripciones, inventaran derechos pecuniarios y vendieran servicios; todo para ayudar a garantizar su funcionamiento.

Ante esto, se supondría que la reforma impulsada por el gobierno debería mitigar este problema, es decir, debería evitar que las universidades cobren ciertos costos a sus estudiantes y se conviertan en empresas que ofertan servicios; sin embargo, sugiere todo lo contario. El texto presentado al Congreso de la Republica refuerza y legitima la autofinanciación de las universidades públicas, es decir, insiste en que deben seguir cobrando y elevando el costo de la matriculas e inscripciones, inventarse algunos costos educativos y vender servicios (cursos especiales, diplomados, asesorías u otras).

3. La iniciativa no aumenta significativamente los presupuestos de las universidades públicas

Según el proyecto de reforma, el presupuesto de las universidades aumentará al ritmo del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir tal y como crece la producción de bienes y servicios en el país durante un año. Desafortunadamente, esta producción no crece significativamente o si llegara a ser así, a la educación sólo le corresponde, como lo sugiere la reforma promovida por el gobierno, entre un 30% o 50% de este aumento. En términos más concretos, sí el PIB aumenta 9 puntos, entonces a la educación le tocaría un 3 o un 4.5.

El punto es que independiente del crecimiento del PIB, las universidades públicas seguirán funcionado con recursos estatales mínimos. Recursos que no resolverán ni responderán a las exigencias planteadas por el gobierno. Por el contrario, los presupuestos tendrán que nutrirse con los aportes generados por cada universidad.