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“EL CONSERVATORIO SE HA VISTO OBLIGADO A INCREMENTAR LOS COSTOS DE MATRÍCULA”, SEBASTIAN SOCHA

Sebastian Socha. Foto AEP.
El Conservatorio de Música del Tolima se ha convertido en un ejemplo de protesta y lucha. A pesar de sus particularidades académicas y organizativas, los y las estudiantes lograron juntar sus rebeldías y elevar su voz de protesta ante a la ausencia de participación en los procesos que se supone los involucran –como la elección del rector–, pues son ellos los principales afectados de las decisiones que toma la administración. Los y las estudiantes del Conservatorio se cansaron del abandono estatal y la manipulación del gobierno de turno, para entregar su patrimonio a cualquier empresa que quisiera patrocinarlo. Es por esto que se organizaron y a partir de una serie de protestas pacíficas y de un paro, lograron realizar un acercamiento con el gobierno departamental y nacional. Con el fin de explorar esta experiencia, la Agencia Estudiantil de Prensa (AEP) habló con Sebastian Socha, representante del Consejo Estudiantil del Conservatorio.

AEP: ¿Cuáles son los problemas que afronta el conservatorio del Tolima?

SS: Son varios. El principal problema de la Institución tiene que ver con la grave crisis financiera que afecta al Conservatorio, la cual es producto del abandono de la Gobernación desde el año 2001, ya que el Departamento entró en la Ley 550 (ley de quiebra). Aunque en 2008 sale de esa ley, hasta el momento se ha incumplido la ordenanza 0067 de 1991 –esta ordenanza indica que se debe aportar el 1.8 del presupuesto general del Departamento al Conservatorio–. Como la Gobernación no ha cumplido con este dictamen, el Conservatorio se ha visto obligado a incrementar los costos de matrícula, a tal punto que sobre este ingreso reposa el 70% de dinero para funcionamiento de la Institución, llevándonos a dos consecuencias inmediatas: la primera: que muchos estudiantes se vieron en la necesidad de interrumpir sus estudios y otros tantos engrosaron las listas de endeudamiento para poder satisfacer los costos de matrícula, la cual oscilan alrededor de 3 SMV; la segunda es la incursión de capital privado, siendo un contribuyente importante la Multinacional AngloGold Ashanti.

Otro problema, es la centralización del poder y los pocos espacios de participación democráticos para temas relevantes, tales como la elección de las directivas, entre otros. Esto, sumado a que la Institución no cuenta con 1 solo docente de planta y las necesidades de nuevas infraestructuras saltan a la vista.

AEP: Podría contarnos brevemente, ¿Cuáles han sido los procesos que han llevado a cabo los estudiantes del conservatorio del Tolima para solucionar sus problemáticas?

SS: Principalmente se han llevado a cabo diálogos entre las directivas y el estudiantado, en los cuales se han planteado las inconformidades y las necesidades que se visualizan. Pero no hubo solución a los problemas que se plantearon, dando como resultado un plantón universitario. Esto se realizó cuando el señor Néstor Guarín era decano de la Facultad en el 2008. Cuando tomó el cargo como rector encargado la inconformidad creció, porque las cosas seguían iguales.

Antes de la elección de rector en propiedad, los estudiantes realizamos una asamblea general, donde se dio lectura a las propuestas y hoja de vida de los ternados, y el resultado que arrojó la asamblea fue que la propuesta y hoja de vida del señor Néstor Guarín no era la que respondía a las necesidades de la Institución. Por tal motivo cuando fue nombrado rector en propiedad, se realizaron jornadas de protesta pacífica, que posteriormente desembocaron en el paro universitario.

AEP: Sabemos que los estudiantes del Conservatorio del Tolima y los gobiernos tanto Departamental como el Nacional han estado en procesos de diálogos constantes. En esta medida, ¿Cómo han sido estos acercamientos y cuáles han sido sus resultados?

SS: En el tema de la inconformidad por la elección no se tuvo en cuenta, por el contrario el Gobierno departamental ratificaba la elección del rector. El pliego de peticiones que salió producto del paro, ilustraban estas necesidades. Pero la respuesta por parte del Gobierno departamental fue un subsidio para disminuir los costos de las matrículas –el cual sólo aplica para el presente año–. También existen unos proyectos por regalías, los cuales son para fines específicos, en este caso para infraestructura. Aunque a la problemática de recursos para el funcionamiento no se le dio solución alguna, ya que la ordenanza a la fecha no ha sido cumplida.

Los acercamientos con el Gobierno Nacional sirvieron sólo para hacer un poco más visible la problemática institucional, pero nada de gran relevancia, ya que ellos se amparaban en el argumento que la Institución es de orden departamental. Por otro lado, los acercamientos con la Ministra de Educación terminaron en citas incumplidas y en cuestionamientos a la forma de resistencia civil que llevábamos por esa fecha los estudiantes.

AEP: El mecanismo de elección utilizado para elegir al rector del Conservatorio del Tolima ha sido uno de los procesos más cuestionados por los estudiantes. De esta manera, ¿Cuáles fueron los mecanismos utilizados por el estudiantado del conservatorio del Tolima para lograr la destitución del actual Rector?

SS: Uno de los mecanismos centrales, el cual permitió aglutinar las inconformidades dentro del proceso de elección, fueron las vías de hecho que llevamos, entre las que se encuentran las jornadas de protesta pacífica y el paro universitario, iniciado al día siguiente de la elección, el 1 de octubre de 2012. Paralelo a esto se decidió instaurar una acción de nulidad electoral. Las pretensiones de dicha demanda era que se declarará la nulidad de la resolución Nº 04 de 28 de Septiembre de 2012, dictada por el Consejo Directivo del Conservatorio del Tolima. Los argumentos expuestos por los estudiantes, en dicha demanda, reposaban en que dos de los miembros del Consejo que votaron a favor del Señor Néstor Guarín estaban vencidas sus representáncias en dicho órgano colegiado.

AEP: ¿Cuál ha sido la reacción que se ha producido tras la destitución del rector dentro del estudiantado y los entes presentes dentro del Conservatorio?

SS: Las reacciones han estado polarizadas. Una pequeña parte administrativa no estuvo de acuerdo con el proceso y la decisión del Consejo de Estado, aun así, reconocen la decisión y acatan el fallo judicial. Por otro lado el estudiantado y gran parte de la comunidad institucional, han recibido la noticia como una victoria al movimiento estudiantil. Ago histórico, debido a que es la primera vez que se tenga noticia que un Conservatorio del país se haya organizado en una forma de resistencia civil. En el marco de la crisis Institucional que hoy tenemos, nos ha permitido proyectar mucho más allá las aspiraciones del movimiento estudiantil, las cuales no se reducen meramente a aspiraciones coyunturales o reivindicativas sino que se proyecta de manera radical a la transformación de las políticas del sistema educativo y a la construcción de un nuevo Conservatorio. Además de esto, la exclusión del presupuesto Institucional de dineros provenientes de la mega minería extractiva (AngloGold Ashanti) fue una ganancia del movimiento estudiantil, que por obvias razones éticas, nunca el estudiantado estuvo de acuerdo con la inclusión de éstos dineros y mucho menos ser partícipes de eventos bajo el patrocinio de esta multinacional.

AEP: ¿Algún sector social se ha acercado a apoyar el proceso de los estudiantes del conservatorio?

SS: Sí. El acompañamiento de diferentes sectores sociales fue fundamental para el proceso, entre los que se encuentran, diferentes organizaciones estudiantiles de la Universidad del Tolima, Universidad Nacional, la CUT y SIMATOL. Aparte de estar coaccionados, el apoyo docente estuvo presente, padres de familia y personas que nos han ayudado de manera desinteresada para los procesos legales. Por lo demás, los gremios económicos, entre muchos otros, han apoyado el continuismo de las directivas ignorando y desconociendo las necesidades de la comunidad académica de la institución.

DECLARACIÓN POLÍTICA DE LA PRE-CONSTITUYENTE REGIONAL: EN BÚSQUEDA DE LA PAZ DESDE EL TOLIMA

Pre-constituyente regional por la paz. Mesa juvenil y estudiantil. Foto AEP.
Después de un largo recorrido desde lejanos puntos de la geografía tolimense, transitar indomables caminos azotados por la violencia y el abandono estatal, y luego de torrenciales aguaceros que no lograron apagar la llama de la esperanza, miles de mujeres, trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes, jóvenes y otros actores sociales, nos dimos cita en la ciudad de Ibagué, durante los días 19 y 20 de julio, con el fin de refrendar un compromiso con la historia: construir la paz con justicia social desde quienes nunca hemos sido escuchados por los gobernantes y el Estado.

En medio de las dificultades impuestas por la administración departamental, por cuanto no respondió plenamente a los compromisos pactados con nuestro equipo dinamizador, los y las asistentes a la "pre-constituyente regional: en búsqueda de la paz desde el Tolima", sesionamos con el fin de apuntalar algunos insumos tendientes a labrar la paz que proponemos. En este sentido, y teniendo en cuenta que trabajamos con una metodología incluyente y participativa, todos y todas declaramos:

1. Desde nuestro ángulo, la paz no se logrará plenamente en La Habana-Cuba. Aunque los diálogos entre las FARC-EP y el Gobierno nacional son importantes, por cuanto allanan el camino a una posible solución política del conflicto armado y pueden conducir a una paz estable y duradera, consideramos que esta va más allá: implica el buen vivir de todos y todas, es decir un conjunto de condiciones que garanticen la vida digna.

2. Los campesinos, en este sentido, creemos oportuno la implementación de una nueva política agraria, una verdadera política laboral para los jornaleros y la participación directa y decisiva de todos y todas en la redefinición de las medidas que involucran y afectan al sector. En este marco, la nueva política agraria que pensamos tiene que permitirnos acceder a la tierra y resolver nuestros problemas productivos y sociales, asegurando nuestros cultivos, los medios necesarios para su comercialización, así como el goce pleno y gratuito a la salud, la educación, la recreación y la cultura. En cuanto a la política laboral de los jornaleros, señalamos que debe posibilitar el acceso a prestaciones sociales y al derecho a la pensión. Finalmente, requerimos de nuestra participación en la edificación de estas dos políticas, ya que responderán a los intereses de los más necesitados y resolverán las razones por las cuales, hoy por hoy no vivimos en paz.

3. Al respecto, los cafeteros partícipes en la pre-constituyente demandamos una nueva política para el sector que garantice un precio estable y subsidiado para los insumos del cultivo, unos precios justos para nuestro café y la apertura de nuevos espacios comerciales; así como vías apropiadas para sacar nuestro producto, asistencia técnica y condiciones de trabajo dignas para nuestros jornaleros. Por lo pronto, proponemos la realización de una constituyente cafetera, como un espacio de redefinición de la política de la Federación Nacional de Cafeteros y de las medidas que involucran al sector.

4. Las mujeres y la comunidad LGBTI reunidos en la pre-constituyente consideramos –al igual que los campesinos– que la paz compromete transformaciones económicas, políticas y sociales. Entre estas, nuestra inclusión en la vida de la nación garantizando nuestros derechos a la participación política, la deliberación, la organización, la protesta y todo el conjunto derechos contemplados como mínimos para la humanidad, sin discriminaciones o exclusiones.

5. Como jóvenes reclamamos una educación pública y de calidad, trabajo y vivienda en condiciones dignas, seguridad social en salud y pensión, así como espacios de esparcimiento para el aprovechamiento adecuado del tiempo libre. En la guerra los jóvenes trabajan matando, pero sobre todo trabajan muriendo, por eso rechazamos el reclutamiento al que somos sometidos a través del servicio militar obligatorio. De igual forma, avanzaremos en el fortalecimiento de los espacios de confluencia y de unidad como lo son la MANE, los festivales nacionales y mundiales de la juventud, entre otros. Convocamos una pre-constituyente estudiantil que discuta el tipo de educación que soñamos y requerimos para una Colombia en paz con justicia social, así como diversos espacios de preparación de la Constituyente Regional ya que, estamos convencidos que una Colombia en paz con justicia social no sólo es posible sino necesaria.

6. Como indígenas, sin perder de vista las anteriores consideraciones, insistimos en que la paz será el producto de una transformación del orden existente, por lo tanto proponemos el impulso de una Asamblea Nacional Constituyente, para lo cual se hace necesario la realización de una Constituyente Regional. En esta perspectiva llamamos a los pueblos indígenas convergentes en el Tolima y al Concejo Regional Indígena del Tolima (CRIT), Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima (ACIT), Federación Independiente de Cabildos Indígenas del Tolima (FICAT) y Asociación Regional Indígena del Tolima (ARIT) a sumar esfuerzos en función de estas dos propuestas.

7. Desde los afectados por la locomotora minero-energética de Juan Manuel Santos, declaramos que los proyectos mineros y las hidroeléctricas presupuestadas en el Sur y Centro del Tolima no son una contribución para la Paz, por el contrario acentúan la miseria y el despojo de los territorios de nuestro departamento. Ante esto levantamos la propuesta de Zona de Reserva Campesina como mecanismo para defender nuestro territorio de las empresas privadas y extranjeras como la AngloGold Ashanti, EPSA, ISAGEM, entre otras.

8. Como aporte esencial en la edificación de la paz con justicia social, todos y todas coincidimos en la necesidad de que sea el pueblo: el campesino nunca escuchado, el indígena vulnerado, la mujer silenciada, el homosexual excluido, el trabajador pisoteado y demás sectores sociales del departamento, los que construyen un nuevo orden jurídico, participando en la construcción de nuevas políticas garantes del buen vivir.

9. En lo inmediato, los sectores sociales reunidos en la pre-constituyente regional: en búsqueda de la paz desde el Tolima, manifestamos nuestro respaldo total a la mesa de diálogos de La Habana-Cuba entre el Gobierno nacional y las FARC-EP, exigimos -como un aporte para la paz- el cese bilateral de los fuegos, y nos solidarizamos con los campesinos que luchan en el Catatumbo por una Zona de Reserva Campesina contemplada en la ley colombiana. Asimismo, hacemos un llamado a los diversos sectores de la sociedad tolimense a reunirnos en Constituyente Regional por la Paz con Justicia Social, tal y como lo señalan los acuerdos entre el gobierno departamental y las organizaciones sociales firmados el 15 de Octubre del año pasado, entendiéndola como apuesta de las gentes del común que nos permita recorrer los caminos que nos conduzcan a cimentar la paz que queremos. Finalmente, y conscientes de la grave situación de los campesinos y del sector agrario, los actores reunidos en la pre-constituyente, llamamos a un paro agrario para el 19 de Agosto, que fortalezca las justas luchas del campesinado colombiano y permita resolver sus principales demandas.

Ibagué-Tolima, 20 de Julio de 2013

¡VIVA LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL!
HACIA LA CONSTITUYENTE REGIONAL POR LA PAZ, ¡TODOS Y TODAS A LUCHAR!

EN MEDIO DE INCUMPLIMIENTOS, AVANZA LA PRE-CONSTITUYENTE

Biblioteca Virtual de Ibagué. Mesa campesina. Foto: AEP.
El día de ayer se llevó a cabo un movilización convocada por los diferentes sectores sociales y populares, los cuales marcharon por la construcción de una paz con Justicia social. En las horas de la tarde, en el Parque Murrillo Toro, un evento cultural enmarcó el lanzamiento de la pre-constituyente regional. Pre-constituyente que estaba programada para el día de hoy, 20 de Julio, en las instalaciones de la Biblioteca Virtual de Ibagué.

El comité de impulso de la marcha y la pre-constituyente sostuvo varios diálogos con el departamento, buscando siempre trabajar de manera mancomundana, lo cual demostraba que la Paz se construye entre todos y todas, pero los agujeros negros en el proceso no se hicieron esperar. El gobierno departamental, en compañía de la policía metropolitana, manifestaron, un día antes de la realización de la movilización, la improcedencia que los y las participantes se alojaran en la Universidad del Tolima y, por supuesto, trabajaran en las instalaciones de la Universidad, argumentando que la Institución (UT) no era el lugar apropiado para ese tipo de eventos. Dejando de lado, incluso, el hecho de que la Universidad fue declarada como territorio de Paz y que sus directivas, como actores constructores de paz y forjadores de hombres y mujeres comprometidos con los cambios sociales, le habían abierto las puertas a la pre-constituyente por la paz.

El comité llegó a una serie de acuerdos con el gobierno departamental, los cuales permitieran la realización de los eventos. Los acuerdos se enmarcaron en tres puntos fundamentales, el transporte de los marchantes desde el Parque Murillo Toro a la Biblioteca Virtual, lugar propuesto, o impuesto, por el gobierno departamental; los siguientes acuerdos eran los espacios para la realización de las mesas de trabajo y por último el sonido para la correcta realización del evento.

Sin embargo, la improvisación ha marcado el desarrollo de los acuerdos. El día de ayer, se informó que los vehículos para el transporte de los participantes se encontrarían en un punto a una hora determinada, pero eso no sucedió. El transporte contratado llegó tarde y se ubicó en dos lugares disitintos, lo cual desubico a los y las participantes; recordemos que en su gran mayoría campesinos e indígenas que poco saben movilizarse en la ciudad. Superado el impace, los buses se dirigieron al Parque Deportivo.

El día de hoy, 20 de Julio, el comité logístico de la Pre-constituyente tenía programado el inicio de las discusiones por mesas de trabajo a las 8:00 am, pero esto no fue posible, ya que el gobierno departamental se había comprometido a brindar siete espacios para la discusión, distribuidos de la siguiente manera: cinco en la Biblioteca Virtual y dos en espacios alternos, ubicados en el Parque Deportivo. Los espacios de la Biblioteca se encontraban disponibles, aunque sin sonido, mientras que los alternos no, uno de ellos era una cancha y debía estar provista con una carpa, la cual sólo fue instalada a las 11:00 am.

Aún, y en medio de estos inconvenientes y gracias a la férrea convicción de los y las participantes en que la paz se debe construir a partir del diálogo, las mesas de trabajo se reorganizaron y fueron ubicadas en los espacios disponibles de la Biblioteca. Es así como los y las participantes llevan a cabo las discusiones, en medio del desgaste de su voz y el silencio respetuoso de los demás participantes, pues los equipos que se acordaron para el sonido no llegaron.

TOLIMA: AVANZA PRE-CONSTITUYENTE REGIONAL POR LA PAZ

19 de Julio: marcha por la paz con justicia social. Foto: AEP.
En medio de la voracidad militar propia de cada 20 de Julio, los campesinos, indígenas, expresiones de diferentes sectores sociales y agrupaciones socio-políticas actuantes en el departamento, desarrollan la “pre-constituyente regional: en búsqueda de la paz desde el Tolima”.

Miles de campesinos, cientos de indígenas y decenas de expresiones sociales confinadas a la infamia, el olvido y el despojo, protagonizaron una jornada de lucha por la paz con justicia social. Con una marcha, 3500 voces del Sur, Sur-Oriente y Centro del Tolima, expresaron su respaldo a los diálogos de La Habana-Cuba entre el gobierno nacional y las FARC-EP, y manifestaron su apuesta por perfilar la paz que ellos necesitan, lanzado públicamente la iniciativa de la constituyente regional por la paz e instalando “pre-constituyente regional: en búsqueda de la paz desde el Tolima”.

En rueda de prensa previa a la movilización, los campesinos, indígenas y trabajadores comprometidos con la actividad señalaron las razones: con esta marcha “estamos dando una voz de aliento a todo el proceso de paz que se esta realizando hoy en día en La Habana para que ni el gobierno y ni la insurgencia se levanten de la mesa hasta que realmente haya una solución a todo este conflicto social que hay en este país”, manifestó Jailer González, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (ASTRACATOL), y añadió que la jornada finiquitará el 20 de Julio con una pre-constituyente regional por la paz.

Por su parte, Ancizar Ibarra, asesor y vocero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima (ACIT), subrayó que “una delegación de resguardos y parcialidades (…) viene a exponer y visibilizar la realidad que viven en los territorios del Sur del Tolima. Ellos están dispuestos inmediatamente que lleguen a intercambiar opiniones personales sobre lo que ellos están pensando frente a la realidad del país”; en concreto, destacó Ibarra, vienen “con el objetivo de trabajar por la paz en Colombia”.

En conjunto con las organizaciones sindicales filiales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), estos actores se lanzaron a la calles de la ciudad musical para denunciar codo a codo las infamias de Juan Manuel Santos, repudiar el fuero militar, reivindicar los derechos de los trabajadores, rechazar el proyecto de salud elaborado por el gobierno e insistir en la solución política del conflicto armado colombiano y trabajar por la paz con justicia social.

En este sentido, y hacia las cuatro de la tarde, invitaron al conjunto de sectores sociales del departamento a tomar parte en la elaboración de nuevas políticas garantes de una paz estable y duradera, e instalaron la “pre-constituyente regional: en búsqueda de la paz desde el Tolima”, como un espacio donde el constituyente primario se da cita para discutir y depurar cuál es la paz que necesita y quiere.

Desafortunadamente, esta iniciativa se desarrollará en el marco del tradicional desfile militar del 20 de Julio auspiciado por la administración departamental. Desfile que a todas luces contradice los anhelos de paz de los tolimenses reunidos en pre-constituyente, ya que mientras ellos se esmeran por pensar y repensar la paz y sus requerimientos, el establecimiento saca a relucir su maquinaria de guerra sin propiciar, auspiciar y garantizar los espacios para involucrar al grueso del pueblo en la redefinición de sus condiciones de vida.

MARCHA POR LA PAZ Y LANZAMIENTO DE LA CONSTITUYENTE REGIONAL POR LA PAZ


El diálogo ha tocado la puerta de nuestra historia. Después de 10 años de insistencia militarista, agudización del conflicto y degradación de su dinámica, el gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia de las FARC-EP se han sentado en una mesa de conversaciones. Los objetivos: ponerle fin a más de 50 años de conflicto armado y proyectar las bases de una paz estable y duradera.

Pese a que estos propósitos son totalmente admirables, el pueblo colombiano no puede quedarse expectante ante lo que ocurre en La Habana-Cuba. Teniendo en cuenta que el conflicto armado implica a centenares de grupos sociales y la construcción de la paz involucra a todas y todos, el pueblo necesita tomar la iniciativa y respaldar el esfuerzo del gobierno y la insurgencia de las FARC-EP, insistiendo en un acuerdo de paz benéfico para los sectores sociales y populares más desfavorecidos del país, es decir que signifique la mayor suma bienestar para los y las colombianas.

En este sentido, si el clamor generalizado de todos y todas no rodea y enriquece las actuales pretensiones por ponerle fin al conflicto armado y buscar la paz, los diálogos de La Habana no tienen sentido alguno. Por lo tanto, el pueblo ibaguereño y tolimense debe tomar parte en toda esta dinámica, salir a las calles y enfilar sus ideas y argumentos hacia la edificación de variadas iniciativas de paz.

El próximo 19 de Julio, todos y todas a marchar y el 20 a construir propuestas de paz.

Convoca:

COMITÉ DE IMPULSO DE LA MARCHA POR LA PAZ, EL LANZAMIENTO DE LA CONSTITUYENTE REGIONAL POR LA PAZ Y LA PRE-CONSTITUYENTE REGIONAL: EN BÚSQUEDA DE LA PAZ DESDE EL TOLIMA


3ª CARTA ABIERTA AL RECTOR DE LA UT

Ibagué, 18 de Junio de 2013

Doctor:
JOSÉ HERMAN MUÑOZ
RECTOR
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Reciba un cordial saludo de parte de la Agencia Estudiantil de Prensa, AEP, agrupación de estudiantes de la Universidad del Tolima vinculada a la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU-Colombia.

A pesar de su silencio ante nuestra 2ª misiva, nos dirigimos nuevamente a Usted con el fin manifestarle varias reflexiones e iniciativas frente a algunas de las consecuencias derivadas de los eventos del pasado Jueves 6 de Junio en la universidad y sus alrededores.

Después de los hechos sucedidos en la UT y sus inmediaciones, la posible judicialización de algunos de los actores participes en la protesta era una cuestión latente: los registros fílmicos y fotográficos de los agentes de civil de la policía tenían por objeto recolectar el mayor número de información posible para, con posterioridad, individualizar, presentar como delincuentes y garantizar la captura de quienes tomaron parte o protagonizaron la acción de protesta en cuestión.

En este sentido, la actuación de la Policía Metropolitana de Ibagué fue muy efectiva: el 13 de Junio, los medios de información regionales reprodujeron las fotografías de unos estudiantes y profesores en aparente estado de flagrancia. Según la institución policial, el propósito es “que las personas que fueron atacadas o que tuvieron pérdidas porque les partieron sus vidrios o les ocasionaron daños en sus pertenencias, o estén en desacuerdo con los desmanes, denuncien o identifiquen a las personas cuyas fotos fueron oficialmente presentadas”.

Aunque –como lo afirmamos– esto era una consecuencia inminente de la cual no podrán escabullirse una porción de los partícipes en los hechos del 6, nos preocupa la vulneración a los Derechos Humanos de los directamente involucrados, como los de la totalidad de los estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad. Por ejemplo, la publicación de las fotografías aludidas, presenta a los sujetos individualizados sin derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, la privacidad y al buen nombre, ya que da por sentado que son culpables; además, resignifica el derecho constitucional a la protesta.

Independiente de las valoraciones acerca de los eventos del 6, consideramos oportuno la intervención de la dirección universitaria a la hora de defender estos derechos y salvaguardar los demás que están en riesgo. Por tal razón, proponemos:

1. Rechazar públicamente como inaceptables la supuesta denuncia elevada por la Policía Metropolitana de Ibagué, por cuanto vulnera unos derechos de rango constitucional a los estudiantes y trabajadores de la Universidad del Tolima.

2. Rescatar ante la población ibaguereña y tolimense la protesta como un derecho de todos y todas, mas no como un delito, tal y como lo sugiere el titular “Policía denuncia que en protesta de la U.T. si hubo vandalismo” del periódico El Nuevo Día.

3. Poner a disposición el cuerpo de abogados de la universidad para garantizar la defensa de los sujetos individualizados hasta el momento por la policía.

4. Acompañar jurídica y políticamente las denuncias que entablen los estudiantes y profesores contra la Policía Metropolitana de Ibagué y el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, por excesos y abusos al poder.

5. En el marco de la universidad como territorio de paz, lo exhortamos a impedir –en caso de una nueva eventualidad como la ocurrida el pasado 6 de Junio– el ingreso de la fuerza pública a la Universidad del Tolima.

6. Finalmente, consideramos de crucial importancia la realización de jornadas de información y cualificación de los integrantes de la comunidad universitaria en cuanto a las implicaciones de la Ley de seguridad ciudadana y sobre los mecanismos de protección de los Derechos Humanos con especial énfasis en la protesta y la organización.

Esperamos que esta iniciativa sea coordinada y desarrollada con las organizaciones estudiantiles actuantes en la Universidad del Tolima.

Agradecemos su atención y esperamos una pronta y positiva respuesta.

Atentamente:

AGENCIA ESTUDIANTIL DE PRENSA, AEP

ABOGADO MANUEL JAIMES OPINA SOBRE ALGUNAS DE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS DEL 6 DE JUNIO

El pasado 6 de Junio, la Universidad del Tolima y sus inmediaciones fueron los escenarios donde, por un lado, los estudiantes y efectivos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) se enfrentaron frente a frente y, por otro, la Policía Metropolitana de Ibagué –en la tarea de aislar al estudiantado ubicado sobre la carrera 4ª Estadio– protagonizó variados desafueros y excesos de autoridad.

Como era de esperarse, la acción policial en ambos campos fructificó a través de los medios de información regionales, ya que la institución difundió una serie de fotografías de los supuestos provocadores y terroristas participes en la protesta. Esto con el fin de garantizar la judicialización de las personas identificadas en las imágenes, sometiéndolas al escarnio público y vulnerándoles –así se les llegue a comprobar su culpabilidad– el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

Con estos elementos, Leonardo Jaimes, abogado de profesión y colaborador de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), manifestó su mirada frente a las apuestas de la Policía Metropolitana de Ibagué y el papel desempeñado por el diario El Nuevo Día, complementándola con algunos ejemplos y reflexiones sobre las consecuencias venideras después de los hechos ocurridos el pasado 6 de Junio.


DAVID FERNÁNDO FLÓREZ: “LA PAZ (…) NO PUEDE DEPENDER DE LA VOLUNTAD POLÍTICA DEL GOBIERNO”.

David Fernándo Flórez. Foto tomada de marchapatriotica.org.
David Fernando Flórez, vocero nacional del movimiento político y social Marcha Patriótica, fue invitado a la última sesión de la Cátedra Libre: “Temas y problemas de nuestro tiempo: paz, utopía y saber”, organizada y promovida por el Centro Cultural de la Universidad del Tolima. En el marco de su visita, la Agencia Estudiantil de Prensa (AEP) habló con él en torno a la coyuntura nacional, en específico alrededor del proceso de paz inaugurado el año pasado por las FARC-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos, así como sobre el papel de la universidad pública en este momento y los retos que vienen para el movimiento social y popular anhelante de la paz con justicia social.

AEP: ¿Qué papel juegan las universidades en el proceso de paz?

David Fernando Flórez: Las universidades están llamadas a jugar un papel determinante. Digamos que la esencia de una universidad y, sobre todo de las universidades públicas, es brindarle posibles soluciones a la sociedad frente a sus problemas estructurales, como la existencia de un conflicto social, político y armado. En esa medida desde la academia, tanto desde las ciencias sociales como de las ciencias naturales, es necesario no sólo hablar de paz, sino también hablar de las razones que han generado el conflicto, de por qué en Colombia se ha configurado un régimen político excluyente que ha llevado a que organizaciones políticas decidan ejercer –digámoslo de alguna forma– un tipo de participación política de forma armada, de la responsabilidad de la estructura económica en la genealogía y prolongación del conflicto y, en particular, de la responsabilidad de las nuevas formas de acumulación de capital en la actual tensión armada, y –por supuesto– de las posibles soluciones.

En cuanto a los cinco puntos que se están discutiendo en la Habana (el desarrollo agrario o desarrollo rural con enfoque territorial, el esquema de participación política, la problemática del narcotráfico, la problemática frente a las víctimas, y los mecanismos que lleven posibles acuerdos), la universidad tiene mucho que decir. Cuando hablo de universidad no me refiero únicamente a los profesores o a las los investigadores, sino al conjunto de la universidad: sus estamentos universitarios, su cultura académica.

AEP: ¿Cuál sería el siguiente paso si los diálogos de paz fracasan?

DFF: Lo primero que habría que preguntarse en este momento es: ¿Cómo hacemos para que no fracasen? Porque debemos partir de un hecho: un posible fracaso de paz va de alguna forma a polarizar de nuevo al país y va –sí se quiere– a relegitimar los discursos de la vía militar. La historia no se repite como calco, pero sí hay ciertos fenómenos que pueden tener similitudes. Me refiero a que podemos volver a discursos autoritarios como el discurso uribista: como imposibilitar cualquier diálogo que busque plantear soluciones diferentes a la guerra, que se estigmatice a las expresiones políticas nuevas y alternativas, y –por supuesto– que en términos económicos y políticos condena al país a otro lustro o décadas más de guerra. Entonces, la preocupación no es menor, creo que la pregunta debe ser cómo hacemos para que no fracasen… En esa medida creo que hay un elemento fundamental y es la participación decidida de la sociedad organizadamente, propositivamente, pero sobre todo con mucha fuerza, planteando un aspecto cardinal: la paz es un elemento, además de ser constitucional, que trasciende el conjunto de la sociedad y no puede depender de la voluntad política del gobierno. O sea, el gobierno de Juan Manuel Santos, que constantemente amenaza con pararse de la mesa, no le puede imponer –por más que sea el gobierno– a los colombianos una perspectiva de guerra y la forma de obligar al gobierno nacional, que ya lo hemos visto con coyunturas anteriores, es a través de la movilización, de la organización y diferentes escenarios en los cuales la sociedad, pues manifieste que quiere la paz. Creo, independientemente de la opinión política que se tenga o del espectro político-ideológico que se tiene, que la gran mayoría de los colombianos quiere la paz y quieren vivir en un país donde puedan construir proyectos de vida, un país que pueda recorrerse, que pueda vivirse y pueda ofrecerle mínimas condiciones de vida digna a los colombianos. Entonces, considero que lo fundamental es no llorar sobre la leche derramada –perdónenme la expresión coloquial– pero requerimos que ese proceso de paz no fracase, que llegue a un puerto. En tal dirección, creo, debe la sociedad jugar un papel central y es rodear ese proceso, a profundizarlo y a obligarlo a que ninguna de las dos partes se pare de la mesa.

AEP: ¿Cuál es el motivo para que no se dé un cese bilateral?

DFF: Habría que aclarar que la insurgencia de las FARC-EP ha vendido –desde un principio– demostrando su voluntad política para el desarrollo de un cese al fuego bilateral. De hecho, hizo una tregua unilateral a fines del año pasado. Sin embargo, hay que decir que el gobierno no lo ha querido; primero, porque aún considera posible la derrota militar de la insurgencia, por lo cual procura acertarle una serie de golpes que debiliten el ejercicio de la negociación en la mesa. A mi criterio, este primer presupuesto, es un presupuesto equivoco: si llegamos al escenario de diálogo en la Habana, es porque la vía militar ha sido desgastada. Hoy por hoy, no estamos ante una insurgencia a punto de desmovilizarse, ni un ELN a punto de desmovilizarse, sino ante insurgencias que han sufrido unos golpes, pero que tienen plena dinámica militar, como lo demuestran los estudios de la corporación ArcoIris.

Segundo, que es un elemento complejo a la hora de hablar de paz, tiene que ver con la fuerza de los estamentos militares en Colombia. En el país unos se benefician económicamente y políticamente con la guerra: los altos mandos del Ejército colombiano. Para ellos es fundamental que día a día se siga invirtiendo en pertrechos, balas, fusiles y en general en la dinámica del conflicto armado. Por lo tanto, el gobierno se niega a un cese bilateral, porque no beneficiaría a los interesados en sostener la guerra en Colombia.

Junto a esto, hay un tercer elemento que lleva al gobierno a no declarar ese cese al fuego bilateral. Partiendo de la siguiente tesis: el conflicto armado o la guerra que desde el Estado se ejerce, no es una guerra únicamente contra la insurgencia, es una guerra contra el conjunto del movimiento social y popular y contra diferentes dinámicas organizativas en procura de contrarrestar la continuidad del modelo económico y de un régimen político claramente antidemocrático, me atrevo a sostener que –por ejemplo– una cosa es desarrollar la locomotora minero-energética en zonas altamente militarizadas, donde las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes no pueden organizarse o sus ejercicios de organización se ven profundamente afectados por la presencia militar, y otra cosa es desarrollar esa locomotora minero energética en un ambiente, digámoslo, más sosegado, de respeto a los DDHH, donde las comunidades puedan organizarse y puedan exigir sus derechos. En esa medida pues, es claro que el modelo económico requiere, sociedades menguadas y procesos organizativos menguados y gente con temor que se vea inerme a la hora de ver el despojo de sus tierras y de sus riquezas.

AEP: ¿Existe algún tipo de participación de otros actores sociales?

DFF: Usualmente se dice que estamos ante un diálogo entre el Gobierno y las FARC, el gobierno dice que no quiere más personas ni sectores sociales en la mesa, que eso es un asunto únicamente del gobierno y que no quiere bochinches, expresión reiterada que ha utilizado. Sin embargo, es necesario aclarar que los delegados que vienen representando al gobierno en la Habana representan a unos sectores de la sociedad: Mora Rangel, que viene de ser el General en Jefe de las Fuerzas Militares de Colombia, representa a los militares; Oscar Naranjo, quien también fue policía, representa por supuesto a los policías, pero no solamente a los policías, sino que es un hombre de entera confianza de la DEA y en general de los Estados Unidos; está el presidente de la ANDI, Luis Carlos Villegas, representante de los empresarios y el sector financiero; Sergio Jaramillo, quien es un hombre muy cercano al sindicato antioqueño y organizaciones judías en Colombia con muchísimo poder económico y político; y, finalmente, está Humberto de la Calle Lombana, quien es un hombre históricamente de los partidos de gobierno, él ha sido Ministro del Interior, Vicepresidente, ha participado en otros procesos de paz; él es el representante de los partidos hegemónicos. Entonces ya hay unos sectores de la sociedad, pero cuál es el problema fundamental de esta representación… Pues que la otra parte de la sociedad, todo el otro campo popular, no incluido en la mesa. Por ejemplo, no están participando las organizaciones campesinas en la discusión del desarrollo agrario territorial o con enfoque territorial, y no podemos participar directamente las organizaciones políticas de izquierda frente a la configuración de un régimen político y la participación política de los diferentes elementos. Entonces, me atrevería a decir que la mesa está coja, le falta una pata y es esa pata es la de las otras organizaciones sociales y políticas existentes en el país.

AEP: ¿Cómo se podría potenciar la participación activa de los sectores sociales ausentes en la mesa?

DFF: Creo que hay muchas experiencias y posibilidades, si uno parte por entender que hay cosas que seguramente no solo le corresponde discutir a las FARC y al Gobierno, ya que hay otros elementos de la agenda –la gran mayoría diría yo– que involucran al conjunto de la sociedad. De lo contrario, una paz realmente estable y duradera –como dice la agenda que pactaron– no será legitimada por el conjunto de la sociedad. En aras de pensar la participación del pueblo en la mesa, plantearía unos criterios. El primero es que esa participación tendría que ser directa, no intermediada como lo vienen desarrollando unos escenarios muy concretos que han organizado la Universidad Nacional y el PNUD: el foro agrario y el foro sobre participación política. El segundo criterio tiene que ver con una participación con elementos de claridad. ¿A qué me refiero? A que las organizaciones sepan que pasa con sus propuestas: si se vieron convenientes o no se vieron convenientes, porque lo que sucede hoy es que se han emitido un número muy importante de propuestas y la gente no sabe qué ha pasado con ellas. Entonces, considero que es un segundo elemento importante. Tercero, creo que debe ser una participación en algunos elementos de la agenda decisoria, ni meramente deliberativa ni meramente formal, sino que tiene que haber ejercicios reales de decisión de los que puedan participar el conjunto de la sociedad colombiana y terminaría diciendo que todo esto pasa por un mecanismo de refrendación de posibles acuerdos que le permita al conjunto de la sociedad participar. En esa medida, desde Marcha Patriótica hemos venido impulsando la necesidad de hablar de una Asamblea Nacional Constituyente como mecanismo de refrendación, porque es un mecanismo que le permite al conjunto de la sociedad decidir, no solamente sobre los elementos de la agenda, sino sobre cuáles serían los mínimos de unas nuevas estructuras económicas, políticas y sociales para vivir en un país en paz, que va más allá de un sí o un no, sino que pase por la posibilidad de construir propuestas y sobre la posibilidad de discutirlas con la sociedad y la posibilidad de decirles a esas propuestas sí o no y cómo van a implementarse, cierto, ese sería como un último elemento frente a la participación de la sociedad en el proceso de paz.